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La Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA) ha publicado recientemente un informe en el que se analizan las consecuencias colaterales a las que se enfrentan las personas jóvenes en contacto con el sistema de justicia juvenil. La NGA llevó a cabo el estudio a través de una serie de llamadas y mesas redondas virtuales para reunir a expertos nacionales, estatales y locales con el fin de explorar las varias consecuencias a las que estas personas jóvenes se enfrentan.
La Alliance for Youth Justice (AYJ) ha publicado recientemente un informe como parte de su proyecto de tres años ‘Jóvenes en Transición en el Sistema de Justicia Penal', financiado por el Barrow Cadbury Trust. El proyecto y el informe examinan las experiencias de jóvenes que cumplen 18 años mientras están en contacto con el sistema de justicia penal en Inglaterra y Gales. Se centran en tres áreas temáticas: medidas privativas de libertad, protección de jóvenes en riesgo e injusticia racial
El Global Campus on Human Rights ha publicado recientemente una guía que tiene por objetivo examinar la situación actual de niños y niñas privados de libertad debido al conflicto armado o la seguridad nacional, sobre la base de los hallazgos del Estudio Global de Naciones Unidas sobre niños y niñas privados de libertad.
Un informe reciente de UNESCO aborda los resultados de una encuesta realizada para descubrir lo que el personal educativo piensa y hace en respuesta a la violencia escolar. La investigación se realizó en febrero y marzo de 2020, a través de una encuesta global en línea a 34.877 personas de 147 diferentes países, además de la organización de 16 grupos focales en varios países.
Un nuevo informe del Centro Nacional para las Discapacidades del Aprendizaje investiga la sobrerrepresentación de jóvenes con discapacidad –especialmente en relación a dificultades de aprendizaje– en el sistema de justicia juvenil de EE. UU., a menudo como resultado de políticas escolares que facilitan su transferencia del sistema educativo al sistema de justicia penal. Las estadísticas que presenta el informe revelan que los y las estudiantes con una discapacidad tienen tres veces más probabilidades de sufrir un arresto que sus compañeros sin discapacidad, y se estima que representan entre el 65 % y el 70 % de jóvenes en contacto con el sistema de justicia juvenil.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado recientemente un informe destinado a analizar la implantación de la Directiva (UE) 2016/800 relativa a las garantías procesales de niños y niñas sospechosos o acusados en procesos penales en nueve Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Italia, Malta, Polonia y Portugal.