El Global Campus on Human Rights ha publicado recientemente una guía que tiene por objetivo examinar la situación actual de niños y niñas privados de libertad debido al conflicto armado o la seguridad nacional, sobre la base de los hallazgos del Estudio Global de Naciones Unidas sobre niños y niñas privados de libertad.
El informe detalla que actualmente hay aproximadamente 37.000 menores de 18 años en situaciones de privación de libertad por esas razones. Aunque no es el grupo más común en comparación a otros contextos de privación de libertad de la infancia, la guía indica que es uno consistentemente ignorado, y que a menudo se encuentra en pésimas situaciones. Este panorama se ve agravado con el crecimiento de las zonas de conflicto en todo el mundo -aproximadamente uno de cada seis niños y niñas vive en esta situación-, y también con el fortalecimiento de las medidas antiterroristas.
La guía presenta recomendaciones generales que promueven las medidas extrajudiciales, las medidas alternativas a la privación de la libertad y los sistemas de justicia penal adaptados a la infancia. Divide cinco áreas de acción: la protección legal de la infancia relacionada con el conflicto armado y la seguridad nacional; la protección específica de la infancia sospechosa de delitos de seguridad nacional; los protocolos de entrega y procedimientos estándar de operación; la rehabilitación y reintegración; y la vuelta de la infancia asociada con grupos armados.
Cada sección propone sus propias recomendaciones, además de ejemplos de países con prácticas prometedoras en el área para presentar posibles soluciones a partes interesadas. Las recomendaciones tienen el objetivo de garantizar los derechos de la infancia, tal y como se definen en la Convención sobre los Derechos del Niño, e incluyen por ejemplo la exclusión explícita de la infancia en legislación en materia de antiterrorismo de los Estados. La guía enfatiza la noción de que los niños y niñas que están implicados en conflictos armados no deben ser considerados perpetradores, sino víctimas de delitos de personas adultas.